Reforma previsional: lo bueno, lo malo y las dudas que deja la contrapropuesta de la oposición

Una contrapropuesta para la reforma previsional presentó la oposición al Ejecutivo, a fines de julio, en medio del llamado a un acuerdo nacional que realizó el presidente de la República, Sebastián Piñera, justo en momentos que se vislumbraba la aprobación del proyecto que permite retirar parte de los ahorros previsionales.

Sin embargo, durante estas casi tres semanas, la discusión al respecto ha estado detenida ya que el Gobierno todavía no entrega una respuesta oficial al emplazamiento de la oposición.

De todas formas, la iniciativa no ha pasado desapercibida en el mundo académico, considerando que la iniciativa será clave en el debate y en el texto que eventualmente salga de la tramitación en el Senado.

Una mirada bastante crítica de entrada manifiesta el académico de Economía de la UC, Salvador Valdés, poniendo el foco en la capacidad de la exNueva Mayoría de respetar los acuerdos. "Los partidos de oposición tienen poca credibilidad después de incumplir dos acuerdos, el del 15 de noviembre y el de junio de 2020", cuestiona.

Valdés sostiene que en diciembre de 2019 "la oposición negoció un aumento enorme de los subsidios fiscales a las personas mayores, en la forma de un aumento de 50% real de la Pensión Básica y de la Pensión Máxima con Aporte Solidario. Sin embargo, ocho meses después, la misma oposición usa lo que consiguió en diciembre como piso de negociación para pedir mucho más. Esta vez un subsidio fiscal mucho mayor, que llaman pensión básica universal garantizada para el 95% de las personas mayores que no toma en cuenta los ingresos de los beneficiarios", puntualiza.

Según el economista en esta 'primera etapa', esta propuesta triplicaría el gasto fiscal de aquí a diez años más, lo cual incumple el acuerdo alcanzado en noviembre y diciembre de 2019. "También es fiscalmente irresponsable y éticamente indefendible existiendo cientos de miles de niños en situación de pobreza mucho más aguda que las personas mayores que pertenecen al 40% de personas de mayor ingreso", espeta.

Valdés advierte que no puede descartarse que "si se cede en esta pésima política pública, lo cedido sea dentro de pocos meses la base de negociación para la campaña del plebiscito constitucional y para la próxima campaña presidencial".

La directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo (LyD), Bettina Horst, advierte que con esta propuesta los afiliados perderán una parte de la propiedad de sus fondos. "En un sistema de cuentas nocionales como el que propone la oposición, se crean cuentas ficticias con el nombre de cada uno de los cotizantes, a las cuales, para la mitad de los cotizantes del sistema de pensiones, solo ingresará una parte de la cotización y el resto se va a un fondo global, perdiendo la propiedad sobre esa parte de la cotización", explica.

Horst indica además que de la rentabilidad que genera ese fondo, una parte se reconoce como de propiedad del que aporta los fondos y la otra parte de lo que se gana por la rentabilidad generada por la inversión de los fondos, la cual se destina a este fondo global.

Por otra parte, la experta señala que actualmente el Pilar Solidario es financiado con impuestos generales de la nación, con lo que se suplementan las pensiones que las personas financian con sus ahorros individuales. No obstante, precisa que con este nuevo esquema las pensiones solidarias se financian con un impuesto al trabajo, "lo que desincentiva la formalidad del trabajo y por ende pudiéramos terminar con aún menores cotizaciones", dice.

Sobre lo bueno, manifiesta que "aún lo estoy buscando, estoy abierta a escuchar". En cuanto a las dudas que le quedan, sostiene que estos sistemas de pensiones cuentan con mecanismos automáticos de ajuste a determinados parámetros y/o beneficios, que no dependen de la autoridad política de turno. "En este caso, no he visto cuáles son esos mecanismos automáticos que finalmente son los que pueden garantizar la viabilidad financiera del sistema en el tiempo", cuestiona.

Beneficios establecidos

Desde la otra vereda, el economista de Chile 21, Eugenio Rivera, destaca que es una propuesta bien pensada ya que corrige una anomalía histórica al introducir una contribución de los empleadores.

"Es un primer paso para transformar al sistema de capitalización individual en un complemento de un sistema público de pensiones. Ello nos acerca a los sistemas propios de los países desarrollados", remarca.

A su juicio, en el corto plazo genera condiciones efectivas para elevar sustantivamente las pensiones de los jubilados y los próximos a jubilar. "Que los seis puntos de la contribución patronal vayan a un fondo colectivo permite una redistribución intrageneracional y entre géneros efectiva y significativa, reconociendo así que las mayores tareas de las mujeres en la reproducción de la sociedad deben ser asumidos por todos y que contribuye a una elevación sustancial de las pensiones del 80% de menores ingresos", detalla.

Por otra parte, Rivera asegura que la iniciativa permite al Estado orientar una parte significativa del ahorro previsional al apoyo a las PYME y a la inversión en el país en actividades de alta rentabilidad. "Mejora la legitimidad del sistema de pensiones, reduciendo tensiones que están afectando al país desde hace tiempo. Con la creación de una institución pública, más allá del pilar solidario, el Estado asume las funciones respecto de las pensiones que es característico de los países más avanzados", agrega.

"Lo malo es que las AFP mantienen el monopolio de los recursos acumulados en las cuentas individuales", comenta sobre lo que no le parece del proyecto. Respecto a sus dudas, advierte que si esta reforma será suficiente "para obtener la legitimidad necesaria entre la ciudadanía para mejorar el pago de contribuciones".

Por último, el exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, subraya que la propuesta plantea importantes avances respecto del proyecto de reforma del Gobierno, como que el aporte de 6% del empleador vaya en su totalidad al Pilar de Ahorro Colectivo solidario y la creación de una Pensión Básica Universal no contributiva.

También destaca que la iniciativa "entrega certezas a los trabajadores respecto de sus derechos pensionarios a través de beneficios explícitos, cosa que el actual sistema no ofrece".

Adicionalmente, remarca que fortalece la libertad de las personas al plantear que los trabajadores puedan libremente migrar al sistema público y que establece la necesidad de una evaluación periódica de los parámetros del sistema "para asegurar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, cosa hoy inexistente".

De todas maneras, Gallegos sostiene que para que el proyecto pueda avanzar en el Congreso debe ser perfeccionada. Debe ofrecer "una carta de navegación para la transición que priorice soluciones a las urgencias, como la inequidad de género y el acceso a pensión anticipada. Además, debe evitar "la mantención de la capitalización individual como columna vertebral del sistema y clarificar la institucionalidad del sistema respecto del rol de las distintas agencias públicas, actuales y propuestas, y también de las funciones claves como inversiones, recaudación y otras".

Cuestionamientos de la industria

Desde las AFP sostienen que no queda claro cuál será la comisión que cobre la entidad que gestione el 6%, advirtiendo que se convertirá en una "comisión fantasma" y que además no está el respaldo ciudadano para que los seis puntos porcentuales se destinen a solidaridad.

Por otro lado, indican que debido a que la pandemia ha afectado fuertemente el mercado laboral, no hay certeza de si estarán todos los recursos para pagar los aportes que se ofrecen con el 6% destinado a un fondo solidario. "No hay nada que apunte a mejorar las pensiones, sólo apunta a destruir a las AFP", critican fuentes de la industria.

También señalan que separar la administración de las cuentas de la gestión de los fondos no mejorará en nada las pensiones y que esta separación de la industria podría provocar que los controladores extranjeros de algunas AFP (como MetLife, Principal y Prudential) podrían demandar al Estado. "Es un cambio gigante en las reglas del juego", cuestionan.